Conferencia Episcopal, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales piden al gobierno de Ecuador no solicitar el pasado judicial a venezolanos

Organizaciones de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana le pidieron al Gobierno Nacional que no se exija el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país.

Lo hicieron este miércoles 23 de enero del 2019 durante una rueda de prensa en la sede de esa institución religiosa.

Esa medida fue anunciada luego del asesinato perpetrado contra una mujer embarazada en el centro de Ibarra, capital de Imbabura. Luego de eso, una turba de gente enardecida atacó a venezolanos que viven en esa ciudad.

La Defensoría Pública informó este miércoles que, de igual manera, se reportaron agresiones a ecuatorianos en Venezuela, siendo hechos preocupantes que requieren una adecuada intervención estatal.

“Lamentamos que todos estos hechos se produzcan tras comunicados emitidos por los gobernantes de Ecuador y de Venezuela. En ese sentido, la Defensoría Pública recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de paz y respeto”, indicó la Defensoría Pública.

En la rueda de prensa participaron Gina Benavides, defensora del Pueblo, y Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. También estuvo monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Benavides señaló que la medida de exigir pasado judicial a los venezolanos podría agravar la crisis migratoria, “pues ante la dificultad para acceder a ese documento se fomentaría la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”.

Para monseñor Arellano, la xenofobia va en contra de la identidad del pueblo ecuatoriano y conduce a desastres sociales, genera víctimas. “Es una vergüenza para el país”. Pidió al Gobierno que reflexione y no exija documentos a los llaneros para ingresar al Ecuador, pues a ellos les resulta casi imposible conseguir el pasado judicial.

Además, la Defensoría del Pueblo hizo varios pedidos a las autoridades: Al Ministerio de Relaciones Exteriores para que active mecanismos diplomáticos y consulares para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela frente a los hechos xenofóbicos.

Que el Ministerio del Interior garantice la protección de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, en particular de mujeres y personas en movilidad humana que son objeto de amenazas y enfrentan situación de riesgo por su trabajo.

Al Ministerio de Educación para que asegure el retorno a las aulas de los alumnos venezolanos. Desplegar controles en las escuelas y colegios para evitar reacciones xenófobas. Fomentar la convivencia y solidaridad. A los gobiernos locales para que impulsen políticas que fortalezcan la convivencia. Fomentar espacios de tratamiento a los problemas relacionados por xenofobia. Promover la resolución pacífica y oportuna de conflictos.

Fuente: El Comercio