Estudiantes universitarios protestan por el recorte presupuestario

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El martes 5 de mayo del 2020, la Universidad Central del Ecuador empezó una protesta pacífica, en la que guardan distancia de un metro y medio a dos metros, entre cada manifestante, en los alrededores de la Plaza Indoamérica.

Pese a las medidas de restricción, provocadas por la Covid-19, los jóvenes se reunieron para exigir al gobierno y al Ministerio de Finanzas que desista del recorte de $98’201.190.

“Los universitarios somos conscientes de los problemas derivados de la pandemia, pero como dirigentes vemos que el recorte en el presupuesto no solo pone en riesgo a la educación pública, sino a la salud pública. El 70% de internados rotativos de la Universidad Central trabaja en hospitales, por ejemplo. Y como dijo nuestro rector, puede haber una afectación”, señaló Erick Barba, vicepresidente de la FEUE de la Universidad Central y procurador de la FEUE nacional.

“Nos hemos autoconvocado, no es algo político. Es indignación de la ciudadanía”, reiteró Barba. El lunes, 4 de mayo, varios grupos presentaron acciones ante la Corte Constitucional, para detener la decisión de Finanzas, que según los 32 rectores de universidades y politécnicas públicas afectadas, no fue comunicada. Se enteraron abruptamente, cuando su personal administrativo y financiero les informó que había un recorte.

“La crisis provocada por la Covid-19 constituye una calamidad pública, como lo reconocieron en el Decreto Ejecutivo 1017 que declaró la emergencia sanitaria y el dictamen de constitucionalidad 1-20-EE/20 que lo autorizó. Nuestra Constitución prevé que sea la Corte Constitucional la que realice el control constitucional de la declaratoria y también es el órgano encargado de vigilar, durante esta etapa de excepcionalidad, que se respete la Constitución y se garantice su plena vigencia”, dice una de las acciones presentadas por Cristian Chávez, como presidente de la FEUE nacional y Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoa; Pakta, Miembros del Colectivo Centralia, Parlamento Universitario, Sybel Martínez, de Rescate Escolar; Movimiento Alternativa Universitaria, entre otros.

Las universidades que reciben asignaciones del Estado para atender las becas de estudiantes, las cofinanciadas, también presentan ante la Corte Constitucional una demanda de acción por incumplimiento de la Ley Orgánica de Educación Superior. Entre ellas, Universidad del Azuay, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Politécnica Salesiana, Católica Santiago de Guayaquil, Universidad UTE, Laica Vicente Rocafuerte, Católica de Cuenca y Técnica Particular de Loja.

Movimientos políticos como Unidad Popular también se han pronunciado. Geovanni Atarihuana, su director, presentó una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. “El recorte de USD 98 millones a las universidades y politécnicas públicas es un atentado al derecho a la educación de miles de jóvenes. Esta medida es arbritraria y violenta la Constitución. Presentamos una acción de incumplimiento para dejar sin efecto el acto administrativo establecido por el oficio circular MEF-VGF.2020-003, expedido por el viceministro de Finanzas, Fabián Carrillo”, se lee.

Fuente: El Comercio