¿Por qué existe corrupción en la contratación pública?

La conducta del servidor público en época de pandemia

La contratación pública tiene varios procesos antes de ser aprobada por una autoridad. Sin embargo, y a pesar de tener varios filtros, los contratos por la emergencia sanitaria en Ecuador dejan casi 200 millones de dólares en auditoría por corrupción.

Por Edwin Morales
Economista

El presidente de la República, Lenín Moreno, el 16 de marzo del 2020 firmó el Decreto Ejecutivo 1017 para declarar el estado de excepción por calamidad pública, por el número de casos de coronavirus confirmados y el alto riesgo de contagio para la ciudadanía, y con la finalidad de controlar la emergencia sanitaria en el país.

Desde esa fecha hasta el 18 de junio del 2020, son 920 entidades públicas que elaboraron procesos de contratación pública por un monto total de $ 195’081.436,17, según el portal del Sercop, cifra que actualiza a diario. Es decir, que en números redondos se han invertido 195 millones de dólares por parte de las entidades públicas, para superar la emergencia generada por la enfermedad COVID-19.

En los últimos días y debido a las múltiples denuncias de corrupción en diferentes entidades públicas de todo el país se ha posicionado la idea de que los funcionarios estatales han robado los recursos públicos y quedan las preguntas, ¿por qué tanta corrupción?, ¿acaso faltan leyes, control, cambiar a los servidores públicos?

En el sector público trabajan muchas personas que cumplen a cabalidad sus funciones con todo profesionalismo y ética. Pero, también podemos encontrar a personas que por acción u omisión han dejado que ocurran varias circunstancias que afectan a la transparencia en las compras públicas. Uno de los problemas que se puede observar es que no hay compromiso de ciertos servidores públicos, porque varias veces se ha identificado dentro de las instituciones la frase “esa no es mi responsabilidad”.

La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública se expidió hace 12 años, lo que permitió a los servidores públicos de las áreas de compras públicas y jurídicos perfeccionen sus conocimientos y se conviertan en expertos de las contrataciones. Pero, esas ilustraciones deben ser demostradas al momento de analizar los documentos elaborados por las áreas técnicas (áreas requirentes), cumplir las observaciones necesarias, identificar posibles sobreprecios, vinculaciones entre proveedores, relaciones comerciales y familiares, ahí es donde aparece nuevamente la frase “esa no es mi responsabilidad”.

Por otro lado, tenemos a las áreas técnicas (informáticos, obras, mantenimiento, médicos, comunicación, transporte, etc) que son las encargadas de levantar el proceso, generar la documentación, elaborar los términos de referencia, sacar las cotizaciones, elaborar los estudios y otros documentos esenciales para las compras públicas. Sin embargo, ellos no reciben capacitación en contratación pública, no invierten en adquirir más conocimientos sobre el tema y tampoco se involucran activamente.

Los problemas de sobreprecios nacen en la etapa preparatoria. Es decir, en la etapa inicial del proceso, donde las áreas requirentes efectúan las cotizaciones para adquirir un bien o servicio y esa documentación pasa por el área de compras públicas, jurídico, financiero y máxima autoridad, sin que nadie observe los altos costos en los que se pretenden comprar. Por eso, se debe cambiar la mentalidad de varios empleados estatales porque en alguna capacitación escucharon que con tres proformas es suficiente para elaborar un presupuesto referencial, nada más alejado de la realidad, cuando existen alrededor de 100 mil proveedores para cada bien o servicio en el país.

Los presupuestos son el punto débil de las compras públicas, por ejemplo, si se solicitan cotizaciones a varios proveedores hay que tener la precaución de requerirlas a proveedores en igualdad de condiciones, es decir, que sean microempresas, medianas o grandes, productores, distribuidores, importadores, etc., porque no se puede comparar precios entre un productor y un importador. También hay mecanismos para validar los precios, como buscar otros procesos ejecutados en el portal de compras públicas. Asimismo, pedir las declaraciones aduaneras de los proveedores e identificar si venden a un precio razonable o están especulando.

Otro ejemplo, al comprar un par de zapatos se revisa la talla, la calidad y se adquiere el producto más adecuado a la necesidad. Pero, eso no ocurre en el sector público, porque ni las áreas requirentes, ni las áreas por donde pasa el proceso de contratación observan los precios a los que se adquieren los bienes, cuando la función de los servidores es cuidar los recursos públicos como propios, establecer los presupuestos y adquirir los bienes al menor costo.

Entonces, no faltan leyes, lo que falta es control, no falta cambiar a los servidores públicos, lo que falta es que cada uno asuma su responsabilidad con un objetivo en común, que es cuidar el recurso público que pertenece a todos los ecuatorianos

Otro de los problemas detectados en las compras públicas durante la emergencia sanitaria es que se direccione un proceso a un determinado proveedor, lo que es un delito. Pero, también llama la atención que ningún funcionario, por donde pasa el proceso, denuncie, observe, se oponga, o critique la actuación de ciertos servidores que a todas luces pretenden generar actos de corrupción.

Una de las razones para no denunciar los casos de corrupción de un servidor público podría ser por contradecir a su jefe o autoridad y el miedo a perder su trabajo, el sustento de su familia, el pago de las deudas, la educación de sus hijos, más aun considerando la falta de empleo que nos afecta en los últimos años y la pandemia del covid-19 que estamos enfrentando. Sin embargo, no hay justificación para que el servidor público no denuncie los actos de corrupción.

Ante tal situación, a nadie se le ha ocurrido motivar a los servidores públicos para que denuncien los actos de corrupción que han identificado en sus entidades. La motivación podría ser con estabilidad laboral, o cualquier otro incentivo que permita responsabilizar a los culpables y favorecer a los honestos.