Nemonte Nenquimo una de las mujeres más influyentes, según la revista Time

el

Nemonte Nenquimo quiere que su hija herede un paraíso. Son 180 000 hectáreas de selva virgen que le pertenecen a su pueblo, los indígenas waorani de Ecuador, y por el que libró un pleito jurídico contra la explotación petrolera que la convirtió en una personalidad internacional.

La tenacidad de esta mujer waorani fue reconocida por la revista estadounidense Time, que la nombró este 2020 una de las 100 personas más influyentes del mundo. En 2019, encabezó una batalla judicial en la que los waorani lograron que la justicia impidiera el ingreso de petroleras en su territorio, ubicado en la provincia de Pastaza (fronteriza con Perú). “Ese reconocimiento no es (por) la lucha de Nemonte”, sino para los “hombres y mujeres, niños que hemos estado al frente de este proceso” para salvar la selva, dice Nenquimo en una entrevista con la AFP .

La mujer de 35 años se esfuerza por transmitir un mensaje firme y claro en una lengua que no es la suya. Habla el wao-terero, la lengua de los indígenas waorani que la acompañaron en esta empresa contra la extracción petrolera y con quienes ha viajado a Quito, lanza en mano, para protestar contra los ministerios de Ambiente y de Energía.

Con dolor y “rabia” recuerda cómo el ingreso de petroleras alteró la vida de otras nacionalidades indígenas, que han visto su territorio transformado en cultivos de palma africana y de pasto para ganado. “Tengo una niña y si yo no protejo van a destruir lo mismo, esa misma historia va a repetir donde nosotros estamos viviendo en Pastaza, única comunidad waorani que es selva verde y virgen”, sostiene.

Con unos 4.800 miembros, los waorani son dueños de unas 800.000 hectáreas selváticas en las provincias de Pastaza, Napo y Orellana, una pequeña parte de la cuenca amazónica de Ecuador. De esa área de los wao, apenas 180.000 hectáreas en Pastaza (menos de 1% de la superficie de Ecuador) aún se mantienen intactas y son parte de un bloque petrolero que el gobierno pretendía licitar. La ley reconoce la jurisdicción indígena, pero mantiene la potestad del Estado sobre el subsuelo.

Fuente: El Comercio