Archivo de la categoría: Sociales

Organizaciones indígenas protestan contra el gobierno y cierran la Panamericana en Cotopaxi

Las organizaciones indígenas mantienen cerrada la vía Panamericana o E35 en los sectores Panzaleo, Lasso, El Progreso y la curva de El Chasqui. Los integrantes de la Unión de Campesinos del Norte de Cotopaxi se unieron a la protesta, pasadas las 12:00.

Ellos bloquearon la carretera en el sector Lasso y El Chasqui y apoyan la movilización que mantiene el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC), desde la madrugada del lunes 28 de enero del 2019.

La movilización fue convocada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Busca presionar al gobierno para que derogue el incremento de los precios del combustible y se busquen mecanismos para la comercialización de la leche que producen los campesinos.

Los comuneros del norte llegaron en camionetas y camiones a la parroquia Lasso. Leonidas Iza, presidente del MICC, indicó que el cierre de la vía se mantendrá hasta que las cuatro personas detenidas por la Policía Nacional sean puestas en libertad.

El MICC exige al gobierno del presidente Lenín Moreno:

Fuente: El Comercio

Esposo de asambleísta muere en un ataque armado

Fernando Casanova murió en un ataque armado en los exteriores de un banco de la av. 6 de Diciembre y Portugal, norte de Quito, este viernes 25 de enero del 2019. El hombre, esposo de Rina Campain, asambleísta del movimiento Creo por Esmeraldas, había acudido a la entidad.

El hecho se registró cerca de las 11:30. Pasadas las 12:30, agentes de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) cercaron la zona por seguridad. Se investiga si se trató de un caso de sacapintas (asalto a clientes de bancos).

Testigos indicaron que la víctima fue disparada en la cabeza. “Lo senté en una banca y una mujer que era paramédico se acercó a él para atenderle”, manifestó un testigo. Marcó al 911 y minutos después llegaron los policías.

Una mujer contó que dos hombres que se movilizaban en una moto se parquearon frente a la agencia bancaria. Un desconocido se bajó del vehículo y atacó a la víctima para quitarle una maleta.

Forcejaron y tras no dejarse robar la maleta, el hombre armado disparó contra la víctima, quien falleció de inmediato.

Personal de Criminalística cercó la zona donde sucedió el hecho para recabar evidencias.

Fuente: El Comercio

Conocoto protesta ante posible traslado de unos 200 PPL

Redacción En los Valles

Alrededor de 150 barrios de la parroquia de Conocoto, ubicada al suroccidente de Quito, protestaron este viernes 25 de enero del 2019, ante el posible traslado de unas 200 personas privadas de la libertad (PPL) desde el Centro de Rehabilitación de El Inca (norte de Quito) hacia el barrio La Moya.

Según Julio Vaca, Viceministro de Rehabilitación Social, en el Centro de Rehabilitación de El Inca existe hacinamiento y los
200 detenidos que serían trasladados están privados de la libertad por incumplimiento de alimentos con sus familias.

Asimismo, un comunicado del Ministerio de Justicia señala que el traslado de esas personas “se adopta en cumplimiento de la sentencia de hábeas corpus emitida por el juez de la Unidad Judicial de Carcelén, Mauricio Estrella”.

El traslado sería el próximo martes 29 de enero. Sin embargo, por la protesta de este viernes 25, se pretendería que los PPL ingresen al Centro de Internamiento Femenino de Adolescentes Infractores, ubicado en las calles Plácido Caamaño y Eugenio Espejo del barrio La Moya, el domingo 27, a la medianoche.

Por esta situación, los moradores de Conocoto preparan acciones legales y entregaron un oficio a la Secretaría de Derechos Humanos para que se detenga el traslado de los PPL y conformaron una vigilia. Porque, según, quienes habitan en el sector, no solo trasladarán a personas que deben las pensiones alimenticias, sino también, a personas que no tienen sentencia ejecutoriada.

Moradores de Conocoto también señalan que la Secretaría de Derechos Humanos no ha socializado el traslado de los PPL, tampoco ha hecho estudios del impacto social.

Además, que no pueden habilitar un centro de detención en un sector que tiene centros educativos, un parque de recreación y decenas de conjuntos residenciales.

Ramiro León, vive en La Moya, y agregó que : “la Secretaría de Derechos Humanos no puede intervenir en un área que no le pertenece y peor utilizar fondos públicos”.

Según el informe de compatibilidad de uso de suelo del Municipio de Quito (documento adjunto), otorgado al Ministerio de Inclusión Económica Social (MIES), están prohibidas la actividades “a corto y a largo plazo de los hospitales especializados, es decir, actividades médicas, de diagnóstico y de tratamiento (hospitales para enfermos mentales, centros de rehabilitación, hospitales para enfermedades infecciosas, de maternidad, sanatorios especializados, bases militares, prisiones, etcétera”.

 

Dos jóvenes murieron en Tumbaco y Puembo, víctimas de la delincuencia

Habitantes del barrio Las Marías de la parroquia de Tumbaco denunciaron el asesinato de un joven, asaltos a personas, robos a casas y solicitan la presencia de la policía.

Personas del sector dijeron al canal de televisión Ecuavisa, que un joven se resistió al asalto, por “no quitarse las zapatillas” y los delincuentes lo mataron. Asimismo, Guadalupe Barcia denunció que en el sector del subcentro de Salud “hay robos en la noche, especialmente a los estudiantes”. Por otra parte, Rebeca Paredes dijo que le robaron la casa, alrededor de las 24:00.

También protestaron pobladores de la parroquia de Puembo, donde un joven también fue asesinado, ahora sus familiares piden justicia.

Anita Oña, dijo que de un taxi, color amarillo con verde, se bajaron tres personas y mataron al joven Andrés, de 20 años, tras resistirse al asalto.

Conferencia Episcopal, Defensoría del Pueblo y organizaciones sociales piden al gobierno de Ecuador no solicitar el pasado judicial a venezolanos

Organizaciones de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana le pidieron al Gobierno Nacional que no se exija el pasado judicial a los ciudadanos venezolanos que ingresen al país.

Lo hicieron este miércoles 23 de enero del 2019 durante una rueda de prensa en la sede de esa institución religiosa.

Esa medida fue anunciada luego del asesinato perpetrado contra una mujer embarazada en el centro de Ibarra, capital de Imbabura. Luego de eso, una turba de gente enardecida atacó a venezolanos que viven en esa ciudad.

La Defensoría Pública informó este miércoles que, de igual manera, se reportaron agresiones a ecuatorianos en Venezuela, siendo hechos preocupantes que requieren una adecuada intervención estatal.

“Lamentamos que todos estos hechos se produzcan tras comunicados emitidos por los gobernantes de Ecuador y de Venezuela. En ese sentido, la Defensoría Pública recuerda que las medidas y la información emitida por las autoridades deben estar orientadas a la construcción de paz y respeto”, indicó la Defensoría Pública.

En la rueda de prensa participaron Gina Benavides, defensora del Pueblo, y Elsie Monge, directora de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos. También estuvo monseñor Eugenio Arellano, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.

Benavides señaló que la medida de exigir pasado judicial a los venezolanos podría agravar la crisis migratoria, “pues ante la dificultad para acceder a ese documento se fomentaría la irregularidad migratoria y el riesgo de explotación laboral, trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes”.

Para monseñor Arellano, la xenofobia va en contra de la identidad del pueblo ecuatoriano y conduce a desastres sociales, genera víctimas. “Es una vergüenza para el país”. Pidió al Gobierno que reflexione y no exija documentos a los llaneros para ingresar al Ecuador, pues a ellos les resulta casi imposible conseguir el pasado judicial.

Además, la Defensoría del Pueblo hizo varios pedidos a las autoridades: Al Ministerio de Relaciones Exteriores para que active mecanismos diplomáticos y consulares para garantizar la protección de los ciudadanos ecuatorianos en Venezuela frente a los hechos xenofóbicos.

Que el Ministerio del Interior garantice la protección de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, en particular de mujeres y personas en movilidad humana que son objeto de amenazas y enfrentan situación de riesgo por su trabajo.

Al Ministerio de Educación para que asegure el retorno a las aulas de los alumnos venezolanos. Desplegar controles en las escuelas y colegios para evitar reacciones xenófobas. Fomentar la convivencia y solidaridad. A los gobiernos locales para que impulsen políticas que fortalezcan la convivencia. Fomentar espacios de tratamiento a los problemas relacionados por xenofobia. Promover la resolución pacífica y oportuna de conflictos.

Fuente: El Comercio

Persona detenida por asesinato de Diana Carolina intentó suicidarse

Información oficial, de la noche del 21 de enero del 2019, señala que la persona detenida por el crimen de Diana Carolina intentó quitarse la vida.

El Servicio Nacional de Rehabilitación informó que en el Área de Transitoria Celda número 2, el procesado se provocó una herida de aproximadamente siete centímetros en su cabeza.

Por eso las autoridades coordinaron con el médico de turno la atención emergente.

El médico suturó la herida con 11 puntos y en una ambulancia fue trasladado hasta el Hospital General de Latacunga con custodio penitenciario y miembros de la Policía Nacional.

Este detenido es señalado por el asesinato de Diana Carolina, el pasado sábado 19 de enero, en Ibarra.

Antes de terminar con la vida de su pareja, la tomó como rehén y así se mantuvo durante 90 minutos.

Fuente: El Comercio

Organizaciones venezolanas denuncian agresiones en cinco ciudades de Ecuador

Los representantes de las organizaciones Chamos Venezolanos, Acción Civil Venezolanos en Ecuador, Venezuela en Ecuador, Movimiento Mueve y Migrante Universal denunciaron el lunes, 21 de enero del 2018, que sus compatriotas han sido hostigados, agredidos y discriminados en las ciudades de Ibarra, Latacunga, Cuenca, Manta y Santo Domingo.

Según la activista Egleth Noda, la noche del domingo 20 de enero, abandonaron precipitadamente Ibarra unas 40 personas por temor a ser agredidas. Diez de ellas llegaron a Quito y fueron recibidos en el albergue San Juan de Dios.

Este contenido ha sido publicado originalmente “Anochece, (en Ibarra) profesionales venezolanos tuvieron que dormir encerrados, poner a su hijo bajo las camas, recibir a otros amigos porque recibieron toques de puerta exigiéndoles que abrieran y salieran”, dijo Noda.

También indicó que por miedo a las agresiones, sus compatriotas no fueron a trabajar en los negocios ecuatorianos, dijo que hay gente que quemó las pertenencias de sus compatriotas.

La violencia se desató en Ibarra después de que una mujer fuera asesinada por su expareja, de nacionalidad venezolana, en la vía pública y en presencia de la Policía y espectadores.

Noda calificó los hechos hostiles como “una noche de los cristales rotos tropical”, aludiendo al estallido de violencia que sufrieron los judíos en Alemania, en 1938.

Los migrantes hicieron un pedido para que la Defensoría del Pueblo los acompañe y active sus protocolos para garantizar que se respeten los derechos humanos de los extranjeros. Además pidieron que se active una acción de protección a favor de los niños venezolanos.

A su vez llamaron al Ministerio de Educación para que garantice el derecho a la educación y seguridad de los niños venezolanos que son parte del sistema educativo.

Según Noda, las mujeres migrantes decidieron no enviar a sus hijos a clases, porque anochece recibieron amenazas y descalificaciones en grupos de chats integrados por los padres de Daniel Regalado, presidente Asociación Civil Venezolana en Ecuador, llamó a la conciliación. Pidió que los funcionarios revisen sus discursos y no promueven el odio. “Nuestros derechos están siendo menoscabados”, agregó.

Según las organizaciones al menos 240.000 venezolanos permanecen en el Ecuador. Los activistas también se refirieron a la decisión del presidente Lenín Moreno de solicitar los antecedentes judiciales apostillados para permitir el ingreso de este grupo humano.

Sobre esto, Regalado dijo que la mejor solución sería que el Estado consulte la base de datos de la Interpol, porque la emisión de ese documento y apostillarlo tarda al menos seis meses. Henry Chico, de Migrante Universal, hizo un llamado al respecto y a la conciliación entre ecuatorianos y venezolanos.

Fuente: El Comercio